Su penalización implica diversas formas de violencia institucional, reproducidas por las fuerzas de seguridad y los profesionales de la salud pública, avalados por un Poder Judicial cómplice que criminaliza los cuerpos de las mujeres. Esta situación, lejos de disminuir los abortos, lleva a la persecución de las mujeres más pobres, quienes se ven obligadas a realizar abortos en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo sus vidas